AHORA estamos preparando el informe que enviaremos a la Secretaría CITES en Ginebra para que el Gobierno de Chile se vea obligado a explicar esta brutal medida a la comunidad internacional.
Muchas personas han preguntado por los estudios que avalan -desde la evidencia científica- nuestra postura de rechazo a la llamada "solución letal" para abordar la problemática del impacto, en el ecosistema y actividad humana, de perros en zona rural, especialmente en relación a los ataques a fauna silvestre y 'ganado'. Dichos estudios, se traducen materialmente en 2 informes elaborados -precisamente- a petición de servicios públicos dependientes del Ministerio de Agricultura, puntualmente SAG y CONAF (órganos técnicos del MINAGRI), pero cuyo contenido no ha sido considerado por la autoridad a la hora de hablar de diagnósticos y tomar decisiones. Dichos estudios, que el Gobierno encargó efectuar para después ignorarlos, son "Informe Final. Diagnóstico sobre la presencia de especies invasoras y sus amenazas en áreas representativas del SNASPE Región de Los Ríos", CONAF, Valdivia, Marzo 2012; y "Evaluación del Conflicto entre Carnívoros Silvestre y Ganadería”, desarrollado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica, Diciembre 2007. En todo casono son los únicos informes, se debe mencionar también lo hecho por la veterinaria en fauna silvestre Francisca Astorga, la doctora en ecología Miriam Fernández y el estudio en Puerto Natales realizado por Veterinarios sin Fronteras presentado en el AnimalCare Expo de Nashville, USA (Mayo, 2013) y que dice relación con la circulación de perros CON dueño en zona rural. NINGUNO de los informes que trata el problema de los ataques de perros a fauna o ganado propone como medida de control la caza de perros.
Los Órganos de la Administración del Estado, a través de las autoridades competentes tienen el deber de "emplear medios idóneos en el diagnóstico, decisión y control" para una "gestión eficiente y eficaz" de las políticas públicas a implementar (artículo 55 de la Ley de Bases de la Administración del Estado).